Grave denuncia en Salto: un médico habría atendido una emergencia bajo los efectos del alcohol
Una grave denuncia recibida por la redacción de Salto al Día vuelve a colocar bajo la lupa el funcionamiento y los controles existentes en el sistema de salud de Salto. El episodio denunciado habría ocurrido el pasado domingo durante una guardia en el Sanatorio Salto, perteneciente al Centro Médico de Salto, y, por su gravedad, exige explicaciones claras de las autoridades de la institución y de los organismos encargados de fiscalizar la asistencia sanitaria.
Según el relato proporcionado a este medio, durante la guardia se solicitó la presencia de un médico para valorar a una paciente que presentaba dolor precordial y podía estar cursando un infarto, una situación en la que cada minuto puede resultar determinante.
La denuncia sostiene que, cuando el profesional se presentó ante la paciente, tanto ella como integrantes del personal habrían advertido signos compatibles con un posible estado de intoxicación alcohólica.
El médico señalado en la denuncia es Yoel Rojas, de nacionalidad cubana. Debe remarcarse que, al momento de esta publicación, Salto al Día no cuenta con una confirmación oficial de una alcoholemia ni con la versión del profesional, por lo que corresponde presentar estos extremos como parte de la denuncia recibida y no como hechos definitivamente acreditados.
De acuerdo con el relato, el personal habría comunicado inmediatamente lo sucedido a la nurse de turno, quien informó a su supervisora. La situación habría llegado rápidamente a conocimiento de la Dirección Médica.
Siempre según la denuncia, desde la Dirección se habría ordenado al profesional abandonar la guardia y se habría dispuesto incluso una ambulancia para trasladarlo. Sin embargo, habría optado por retirarse por sus propios medios y presuntamente habría conducido un vehículo.
Otro elemento especialmente delicado es la supuesta realización posterior de una alcoholemia. Extraoficialmente se mencionó a esta redacción un resultado de 1,15, pero Salto al Día no ha podido verificar documentalmente ese valor. Por esa razón, no corresponde presentarlo como confirmado.
La denuncia agrega que posteriormente el asunto habría sido considerado por la directiva del Centro Médico de Salto y que durante esas conversaciones habría existido algún intento de conseguir respaldo para el profesional. Finalmente, según la misma fuente, una mayoría habría resuelto su desvinculación.
El silencio institucional no responde las preguntas
Salto al Día intentó obtener la versión institucional. Se realizaron intentos de comunicación con Natalia Couture, del área técnica, y con el presidente del Centro Médico de Salto, doctor Saliburi, pero este medio no obtuvo declaraciones de ninguno de ellos.
Su falta de respuesta no demuestra por sí misma que la denuncia sea verdadera, pero resulta preocupante frente a la gravedad de los hechos planteados. Una institución sanitaria tiene una responsabilidad que va mucho más allá de proteger su imagen: debe ofrecer garantías a pacientes, familiares y trabajadores.
Las preguntas son inevitables: ¿qué ocurrió realmente durante aquella guardia? ¿Se realizó una alcoholemia? ¿Cuál fue su resultado oficial? ¿Fue apartado el médico? ¿Existieron antecedentes? ¿Qué protocolos tiene el sanatorio para detectar si un profesional se presenta a trabajar en condiciones incompatibles con la atención de pacientes?
¿Qué hará el Ministerio de Salud Pública?
El caso tampoco debería terminar en una decisión interna. Corresponde preguntarse qué actuación realizará el Ministerio de Salud Pública ante una denuncia de estas características y si solicitará información formal al prestador.
La discusión excede ampliamente a una persona. Estamos hablando de controles destinados a garantizar que quien atiende a un paciente potencialmente infartado se encuentre en condiciones profesionales adecuadas para hacerlo.
También corresponde exigir respuestas al sistema político. El gobierno nacional encabezado por el Frente Amplio y sus autoridades sanitarias deberán demostrar con hechos qué mecanismos de fiscalización funcionan ante denuncias graves dentro de los prestadores de salud. La crítica política es legítima; convertir una denuncia no comprobada en una condena anticipada, no.
Salto necesita controles, transparencia y autoridades que den la cara.
Salto al Día continuará buscando las versiones del Centro Médico de Salto, del profesional señalado y de las autoridades sanitarias. Si la denuncia se confirma, la situación será extremadamente grave. Si existen elementos que la desmientan o modifiquen sustancialmente, también deberán ser publicados.
Porque cuando está en juego la salud de una persona, el corporativismo, los silencios y las influencias no pueden estar por encima del derecho de los pacientes a recibir una atención segura y responsable.
Un antecedente judicial que ahora cobra especial importancia
A partir de la primera publicación, Salto al Día accedió a documentación judicial que aporta un antecedente directamente relacionado con el consumo de alcohol y la conducción.
Entre los documentos que obran en poder de nuestra redacción aparece una resolución del Juzgado de Paz Departamental de Salto de cuarto turno, correspondiente a 2022.
El documento establece que el 19 de junio de aquel año Yoel Jesús Rojas Ramos circulaba conduciendo un vehículo motorizado en estado de embriaguez.
La resolución también consigna que durante la audiencia el involucrado admitió los hechos imputados.
Finalmente fue condenado como autor responsable de una falta prevista en el artículo 365 numeral 3 del Código Penal, imponiéndosele una pena de diez días de prestación de trabajos comunitarios.
Este punto no constituye una versión extraoficial ni una acusación formulada por este medio: surge de la documentación judicial a la que tuvo acceso Salto al Día.
Y precisamente por eso aparece una pregunta que el Centro Médico de Salto debería responder con claridad:
¿La institución conocía este antecedente cuando el profesional cumplía funciones asistenciales y guardias?
Otros documentos muestran medidas judiciales de protección
La documentación que obra en poder de Salto al Día contiene además actuaciones judiciales posteriores vinculadas al mismo profesional y a otra persona.
Entre ellas aparecen resoluciones que dispusieron medidas de prohibición de acercamiento, relacionamiento y comunicación, inicialmente durante 180 días y dentro de determinado radio.
También surge de la documentación una posterior prórroga de las medidas de protección y una ampliación de la distancia establecida judicialmente.
Estos documentos deben ser interpretados con responsabilidad.
La existencia de medidas de protección no equivale automáticamente a una condena penal ni permite afirmar como probadas todas las acusaciones que pudieron haber originado aquellas actuaciones.
Por eso Salto al Día diferencia expresamente ambos elementos: existe documentación sobre las medidas adoptadas por la Justicia, pero eso no autoriza a transformar esas medidas cautelares en una condena que los documentos disponibles no acreditan.
La pregunta inevitable: ¿qué sabía la institución?
La aparición de estos antecedentes hace que el episodio denunciado en el Sanatorio Salto resulte todavía más inquietante y obliga a mirar más allá de la responsabilidad individual del médico.
Si el Centro Médico conocía el antecedente de 2022, corresponde explicar qué evaluación realizó y qué mecanismos de prevención o control existían.
Si no lo conocía, también corresponde preguntarse qué controles de antecedentes y seguimiento existen dentro de una institución que tiene bajo su responsabilidad la atención de miles de usuarios.
Pero existe una cuestión todavía más elemental.
¿Cómo se controla que un médico que comienza una guardia esté en condiciones de atender pacientes?
¿Qué procedimiento existe cuando compañeros de trabajo detectan posibles signos de intoxicación?
¿Se realiza inmediatamente una prueba?
¿Quién determina el apartamiento?
¿El episodio queda documentado?
¿Se informa a las autoridades sanitarias?
Todas estas preguntas necesitan respuestas.
Una paciente con posible infarto estaba esperando asistencia
No debe perderse de vista el elemento más delicado de toda esta historia.
Según la denuncia recibida por nuestra redacción, el profesional no habría sido descubierto en esas condiciones mientras realizaba una tarea administrativa.
Había sido llamado para valorar a una paciente con dolor precordial y sospecha de infarto.
Si los hechos denunciados se confirman, la gravedad resulta evidente.
Un paciente que llega a una emergencia tiene derecho a presumir que el profesional que determinará su diagnóstico y tratamiento se encuentra en plenas condiciones para tomar decisiones médicas.
La seguridad del paciente debe estar por encima de cualquier corporativismo, amistad, influencia o intento de proteger la imagen institucional.
El silencio del Centro Médico no despeja las dudas
Salto al Día intentó obtener la versión de las autoridades del Centro Médico de Salto.
Nuestra redacción procuró comunicarse con Natalia Coutere, del área técnica, y con el presidente del Centro Médico de Salto, doctor Saliburi, sin obtener hasta ahora declaraciones que permitan aclarar públicamente lo sucedido.
Su silencio no puede utilizarse como prueba de culpabilidad ni confirma automáticamente la denuncia.
Pero frente a un episodio de semejante gravedad, la ausencia de explicaciones institucionales resulta preocupante.
La población tiene derecho a saber si ocurrió, qué medidas se adoptaron, si existe una investigación interna y qué garantías se están implementando para impedir que algo semejante vuelva a suceder.
Ahora el Ministerio de Salud Pública tiene la palabra
El caso ya no debería quedar reducido exclusivamente a una discusión interna del Centro Médico de Salto.
El Ministerio de Salud Pública debe determinar si corresponde intervenir, solicitar antecedentes e investigar las circunstancias denunciadas.
Hay preguntas concretas que la autoridad sanitaria puede y debe esclarecer: si existió la alcoholemia denunciada, cuál fue su resultado oficial, si el profesional efectivamente estaba cumpliendo una guardia, qué actuación desarrolló la institución y si los protocolos aplicados fueron suficientes.
También deberá determinarse si existió algún riesgo concreto para pacientes.
El actual gobierno del Frente Amplio y las autoridades del Ministerio de Salud Pública tienen una responsabilidad institucional: demostrar que los mecanismos de fiscalización funcionan también cuando el problema aparece dentro de una institución médica y afecta a uno de sus profesionales.
No corresponde prejuzgar ni condenar a nadie por aquello que todavía se encuentra en el terreno de una denuncia.
Pero tampoco corresponde mirar hacia otro lado.
Salto necesita transparencia, no silencios
La nueva documentación conocida por Salto al Día convierte este episodio en un asunto que merece explicaciones urgentes.
Por un lado existe una denuncia actual extremadamente grave, cuyos extremos todavía deben ser confirmados oficialmente.
Por otro existe un antecedente judicial documentado de 2022 por conducción en estado de embriaguez.
Son dos cosas jurídicamente diferentes y este medio las presenta como tales.
Pero periodísticamente existe una pregunta imposible de ignorar: si ese antecedente era conocido, ¿qué controles existían y qué hizo la institución para proteger a sus pacientes?
Salto al Día continuará investigando el episodio y mantiene abierto el espacio para recibir las explicaciones del profesional involucrado, del Centro Médico de Salto y del Ministerio de Salud Pública.
Porque cuando una persona llega a una emergencia con síntomas compatibles con un posible infarto, no puede haber lugar para improvisaciones.
La salud de los pacientes exige controles, responsabilidades y transparencia. Y ante una denuncia de esta magnitud, Salto merece respuestas.
Los invitó a ver Todos por Mari. En tiktok es, la historia de persona que falleció por ser atendida por un médico Alcholisado en salto
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