Un nuevo rediseño constitucional de la cúpula nicaragüense
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó este jueves 22 de octubre de 2026 una reforma constitucional promovida por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo que elimina de forma definitiva la figura histórica del vicepresidente de la República. En su lugar, el texto establece la creación de los denominados «designados presidenciales», según informó el periódico La Prensa.
La modificación alcanza directamente al artículo 126 de la Constitución Política. La redacción previa indicaba que «la Presidencia podrá nombrar las y los vicepresidentes que desempeñarán las funciones que les asignen, los que gozarán de inmunidad». Tras el cambio aprobado por el Poder Legislativo oficialista, la normativa dispone ahora que «la Presidencia podrá nombrar Designados Presidenciales, quienes desempeñarán las funciones que esta les asigne».
El ajuste normativo entrará formalmente en vigencia una vez que sea ratificado en segunda legislatura e incorporado a La Gaceta, Diario Oficial. La medida se produce tras más de 20 meses sin nombramientos en el cargo de vicepresidente, luego de que las reformas de 2025 habilitaran la figura de «copresidenta» para Rosario Murillo.
Hipótesis sobre la salud de Ortega y la línea de sucesión
Analistas políticos y referentes de la oposición en el exilio vinculan esta reforma individual con la salud del dictador Daniel Ortega, de 80 años, y un reordenamiento estratégico de la línea sucesoria familiar. Para Juan Sebastián Chamorro, coordinador del partido Ciudadanos por la Libertad en el Exilio (CxL), el cambio podría estar orientado a facilitar la designación constitucional de Laureano Ortega Murillo —hijo de la pareja gobernante— para áreas clave de la política exterior.
«Eso podría también ser una movida de parte de Ortega con esta designación y finalmente también una explicación desde el punto de vista de imagen a su propia militancia de que no es lo mismo un designado que un vicepresidente, aunque tenga las mismas funciones», señaló Chamorro a La Prensa. El dirigente destacó la particularidad de que esta modificación se tramitara de manera aislada, pese a que en septiembre pasado la Asamblea ya había aprobado en primera legislatura otra reforma para extender el período de gobierno de seis a siete años y eliminar la participación opositora en los comicios.
A estas observaciones se suman datos sobre la reducida presencia pública de Ortega. Un informe del Hudson Institute con sede en Washington, difundido por Nicaragua Investiga, reveló que el mandatario registró apenas ocho apariciones públicas en lo que va de 2026 y que las menciones a su nombre en la alocución oficial descendieron al 39%, marcando el nivel más bajo de su ciclo de gobierno.
Traspaso de facultades a la Procuraduría General
De forma paralela a la enmienda del artículo 126, los diputados nicaragüenses aprobaron por unanimidad la Ley de Adiciones a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y de Reforma al Decreto Ejecutivo 31-2002.
A través de esta normativa, la Secretaría Jurídica de la Presidencia pasará a denominarse simplemente «Secretaría Jurídica» y quedará bajo la órbita directa de la PGJ, conducida por la procuradora Wendy Morales. La dependencia asumirá la formulación de propuestas legales, acuerdos presidenciales de nombramientos o destituciones, y la administración de La Gaceta, incluyendo sus bienes patrimoniales, sistemas informáticos y acervo documental.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) fue autorizado para ejecutar las reestructuraciones presupuestarias necesarias para consumar la transferencia administrativa.
El marco de las reformas estructurales y el rechazo de la OEA
Las enmiendas impulsadas en Managua se inscriben en un paquete de reformas más amplio que contempla fijar en siete años el mandato para los cargos de elección popular, así como para las jefaturas del Ejército y la Policía Nacional, cuya aprobación final en segunda legislatura está prevista para enero de 2027.
Estas modificaciones constitucionales se ejecutan en un contexto de creciente aislamiento internacional. El pasado 2 de octubre, la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó con 32 votos a favor una resolución que exige al régimen nicaragüense la liberación inmediata de los presos políticos y la derogación de todas las reformas institucionales que conculcan los derechos democráticos en el país centroamericano.
Escenarios inmediatos para el régimen nicaragüense
Con la eliminación de la vicepresidencia, el oficialismo nicaragüense completa un nuevo paso en la reconfiguración del mapa de poder interno de cara al próximo período legislativo.
La entrada en vigor de los cambios dependerá del cronograma parlamentario fijado por el oficialismo para sancionar la segunda legislatura e imprimir los textos en el diario oficial.
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