Política

Polémica en Salto: piden investigar el manejo de madera y materiales de cantera

Juan Carlos Arámburo presentó un pedido de acceso a la información pública a Carlos Albisu para conocer el destino de 3.000 árboles y recursos de la gestión de Mario Furtado.

Zonas arboladas y espacios municipales bajo la lupa tras la denuncia sobre la tala de 3.000 ejemplares.
Exigen a la Intendencia de Salto aclarar el destino de más de 3.000 árboles talados y fondos de la administración anterior.

La gestión de los recursos públicos en el departamento de Salto quedó en el centro de la escena política tras una ofensiva formal. Mediante un escrito presentado al amparo de la Ley N.º 18.381, Juan Carlos Arámburo reclamó respuestas directas sobre el manejo de bienes municipales durante el período en que Mario Furtado estuvo al frente de la Dirección de Servicios Públicos.

Bajo la consigna de seguir “la ruta de la madera perdida”, el planteo exige a la administración comunal que detalle qué ocurrió con más de 3.000 árboles talados en espacios municipales como la chacra de propiedad comunal, el Parque del Lago y la avenida Oribe. El pedido apunta a determinar si existió comercialización a terceros, dónde terminaron los recursos forestales y si existen constancias formales de pagos y transacciones.

Canteras, viáticos y el desafío para Albisu

El cuestionamiento no se limita al patrimonio forestal. El documento también solicita información precisa sobre la cantidad de materiales extraídos de canteras —con especial énfasis en el pedregullo— y reclama las rendiciones de cuentas correspondientes a los viáticos y fondos utilizados por Furtado durante su gestión al frente del área.

A nivel comparativo con las exigencias de transparencia institucional en América Latina, este tipo de herramientas de acceso a la información pública constituyen un pilar fundamental para el control ciudadano de la cosa pública. La pelota se encuentra ahora en la cancha del intendente Carlos Albisu, quien deberá responder formalmente a las interrogantes planteadas para despejar las dudas sobre el destino final de los bienes municipales.

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