El escándalo por la venta de libretas de conducir en nuestro departamento, conocido por todos como el caso Albarenque, sigue dando que hablar. Hace unos días, la noticia de que la intendencia había decidido archivar la investigación interna cayó como un balde de agua fría. En la calle y en las redes, muchos se preguntaron si esto era una forma de barrer el problema bajo la alfombra. Sin embargo, la realidad de los pasillos judiciales y administrativos marca otra cosa.
Una fuente de primera mano, que habló en exclusiva con Salto al Día bajo estricta reserva, nos ayudó a desarmar este rompecabezas. Lo que pasa adentro de la comuna y lo que investiga la justicia penal son dos mundos totalmente distintos. El hecho de que se haya cerrado el expediente departamental no significa que el tema quede en la nada, sino que obedece a un tema puramente legal.
Para entender por qué se archivó el caso en la intendencia, hay que mirar cómo funciona la ley. Cuando arrancó el ruido por las libretas truchas, se empezó una investigación para ver qué responsabilidades tenían los involucrados. El fin de un sumario de este tipo es sancionar, suspender o echar al funcionario que hizo las cosas mal.
Pero acá está el nudo del asunto: cuando los principales sospechosos renunciaron a sus cargos, dejaron de ser empleados públicos. Y si ya no sos funcionario, el Estado no te puede hacer un sumario. No quedó otra salida que cerrar las actuaciones administrativas, agarrar toda la prueba que se había juntado, incluyendo las entrevistas a las personas que habrían recibido esas libretas de forma irregular, y mandarla directo a la fiscalía.
La diferencia clave entre un sumario y un delito penal
Ahí es donde entra a jugar la justicia de verdad. Lo que para la intendencia era una falta grave, para el Código Penal puede ser fraude, falsificación de documentos o abuso de funciones.
El cierre del expediente interno es solo un formalismo. Todo lo que se investigó ya está en manos de quienes tienen que decidir si hay delitos. La investigación está lejos de terminarse, simplemente cambió de cancha.
El silencio total en fiscalía y los próximos pasos
Si hay algo que impacienta a la gente es el hermetismo. Nadie quiere soltar prenda sobre el caso, y tiene su lógica. Nuestra fuente nos explicó que meter la nariz en un expediente electrónico que hoy está bajo reserva judicial es un riesgo gigante. Cualquier filtración de datos no solo arruina el trabajo de los fiscales, sino que puede terminar en un procesamiento por revelar secretos de la investigación.
Ese blindaje busca evitar que se avise a otros posibles cómplices y asegura que la investigación no se contamine con los clásicos pases de factura políticos. Quienes conocen desde adentro el paño prefieren dar un paso al costado para no entorpecer el proceso y dejar que los magistrados hagan su trabajo sin presiones.
Cambios de fiscales y un proceso complejo
A esto se le suma que la causa no ha tenido un camino fácil. Han pasado distintas fiscales por el caso, producto de los traslados y licencias habituales. Cada vez que agarra el mando un equipo nuevo, tiene que ponerse a leer miles de fojas, escuchar cruces de llamadas, analizar pericias de celulares y revisar testimonios. Todo eso lleva tiempo, a veces mucho más del que la opinión pública está dispuesta a esperar.
Pero a pesar de las demoras propias del sistema judicial, la causa sigue caminando y se continúan pidiendo diligencias para atar los cabos sueltos.
La presión de la gente por respuestas claras
Este tema pegó duro en la credibilidad política de Salto. No es fácil explicarle al vecino, que hace las cosas por derecha y paga sus trámites, por qué un papel oficial dice que se archiva una denuncia, cuando en realidad lo que se archivó fue solo el trámite burocrático.
Desde Salto al Día seguimos exigiendo esa claridad que a veces falta en los discursos oficiales. La gente necesita saber qué pasó realmente con ese negocio paralelo que se habría montado con los documentos de tránsito. Ahora el peso cae sobre los hombros de la fiscalía, que es la única que tiene el poder de llegar al fondo de este asunto y demostrar que, al final del día, nadie es intocable frente a la ley
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