Una nueva derivación judicial sacude el escenario político en la Argentina y enciende las alarmas sobre el manejo de fondos sindicales. María Soledad Calle, militante de La Cámpora y expersoneral de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), admitió formalmente ante los tribunales de Comodoro Py haber comprado el departamento contiguo al que habita la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, donde cumple prisión domiciliaria. A través de un escrito presentado ante el juez federal Julián Ercolini, la acusada buscó justificar el origen de los recursos y la finalidad de una transacción que genera intensos contrapuntos en el marco de una investigación por presunta administración fraudulenta.
La compra del inmueble ubicado en el primer piso de San José 1111, concretada en agosto de 2025 por un monto cercano a los 189.000 dólares, había sido desmentida públicamente por la propia involucrada. Sin embargo, en la presentación firmada por su defensa técnica, se reconoció la operación asegurando que se realizó con «recursos propios» y con la intención de destinar la propiedad a una fundación de estudios sobre el desarrollo argentino. El objetivo central del descargo apunta a desvincular temporalmente dicha operación inmobiliaria del polémico contrato firmado entre la UOM y la firma USEM S.A. —sociedad en la que Calle figuraba como directora—, el cual le otorgaba una comisión millonaria por la administración de los aportes de los trabajadores metalúrgicos.
El expediente bajo la lupa de la justicia argentina reconstruye un esquema de presunto desvío de fondos gremiales que recuerda a grandes causas de corrupción y manejo opaco de recursos sindicales en la región. La causa iniciada por un sector opositor del gremio investiga si la cesión de la gestión bancaria a una firma privada provocó un perjuicio multimillonario a las arcas de la obra social sindical. A esto se le suma la acumulación de un abultado patrimonio por parte de la militante, que incluye la adquisición de vehículos de alta gama como un Peugeot 3008 y un BMW M135 xDrive, la creación de sociedades privadas y más de un centenar de viajes internacionales realizados en los últimos años.
El impacto de este escándalo resuena en toda América Latina, donde el control sobre las finanzas de las estructuras sindicales y la transparencia en el patrimonio de dirigentes asociados a partidos de gobierno constituyen debates institucionales permanentes. El entrecruzamiento entre militancia política, contrataciones privadas con entidades gremiales y el acceso a bienes inmuebles lindantes con figuras centrales del poder político expone una trama de alta sensibilidad institucional que sigue de cerca la opinión pública rioplatense y los analistas de la región.
Frente a la batería de imputaciones, la defensa de Calle argumentó ante el juzgado que las acusaciones responden a «una disputa sindical y de poder». En el texto entregado a la Justicia, la imputada sostuvo: «La enumeración mediática de una cantidad falsa y descontextualizada de viajes corresponde a los desplazamientos internacionales vinculados con congresos, reuniones y actividades de IndustriALL Global Union en el ejercicio de sus funciones». Asimismo, sobre la creación de la firma Grupo Vértice Global S.A., su representación legal remarcó que se trató de un «proyecto estrictamente familiar y privado, ajeno a la actividad de la UOM y de USEM», que no registró facturación ni movimientos comerciales desde su fundación.
La causa entra en una fase decisiva tras los requerimientos del juez Ercolini y del fiscal Eduardo Taiano al Registro de la Propiedad Inmueble, a la agencia de recaudación ARCA y a la Dirección Nacional de Migraciones. El entrecruzamiento de las declaraciones juradas, los datos de facturación de USEM S.A. y el historial de desplazamientos internacionales determinará si existió una autocontratación incompatible o un incremento patrimonial injustificado. El avance del proceso promete echar luz sobre la gestión de los recursos de los trabajadores y el verdadero trasfondo de las operaciones inmobiliarias en el edificio de la ex mandataria.
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