La situación del Hospital Regional de Salto está llegando a un punto realmente preocupante. Mientras las familias de pacientes fallecidos siguen reclamando explicaciones sobre la atención que recibieron sus seres queridos, Uruguay al Día tuvo acceso a un testimonio que plantea una situación tan grave como indignante: la presunta existencia de arreglos económicos entre funcionarios del hospital y empresas funerarias.
La denuncia proviene de una persona que trabajó durante años en tareas de seguridad y vigilancia dentro del centro asistencial. Según relató a Uruguay al Día, desde al menos 2007 determinados trabajadores habrían mantenido contactos con empresas funerarias para proporcionarles información sobre fallecimientos a cambio de dinero.
La fuente aseguró conocer nombres, lugares de trabajo y parte del funcionamiento de estas presuntas operaciones. Incluso sostuvo que, mientras desempeñaba sus tareas, intentaron involucrarla en ese mecanismo y que se negó.
Uno de los datos más llamativos de su relato es el dinero que supuestamente se pagaba por estos avisos. Según manifestó, alrededor de 2008 la cifra podía alcanzar los tres mil pesos por fallecimiento. No proporcionó comprobantes de esos pagos ni pudo confirmar cuánto se estaría pagando actualmente.
Pero pensemos por un momento en lo que significa semejante denuncia. Una familia acaba de perder a uno de los suyos y, mientras intenta comprender lo sucedido, alguien podría estar utilizando esa información para obtener un beneficio económico. ¿Quién autoriza esos contactos? ¿Cómo se enteran determinadas empresas de un fallecimiento? ¿Quién controla que la información reservada de los pacientes no termine en manos de particulares?
No estamos hablando de cuestionar el trabajo legítimo de las empresas funerarias. Estamos hablando de posibles acuerdos ocultos que, si se comprueban, representarían una utilización absolutamente inaceptable de información obtenida dentro de una institución pública.
Uruguay al Día conserva las conversaciones y tiene identificadas a las personas mencionadas por la fuente, incluidos funcionarios y empresas. Por el momento, sus nombres permanecerán bajo reserva periodística. Una acusación de esta gravedad necesita pruebas antes de señalar públicamente a alguien como responsable de un delito.
Sin embargo, el testimonio no puede despacharse sin más. La fuente también relató un episodio relacionado con el fallecimiento de un familiar en su domicilio. Según aseguró, una empresa funeraria tomó conocimiento rápidamente de lo ocurrido, y ella atribuyó ese aviso a un trabajador vinculado con una ambulancia. Es otra circunstancia que debería aclararse.
Lo que todavía no se ha podido establecer es si existieron pagos reales, quiénes los habrían recibido y si hay registros que permitan corroborar las versiones. La denunciante reconoció que no conserva fotografías, audios ni comprobantes de las supuestas operaciones.
Una denuncia no es una condena, pero tampoco debería convertirse automáticamente en un asunto que nadie investiga.
Esta información llega precisamente cuando el Hospital de Salto vuelve a quedar en el centro de los cuestionamientos por otro fallecimiento.
Este domingo 15 de noviembre se conoció la muerte de una mujer de 57 años, cuya familia denunció circunstancias que considera inexplicables. Sus familiares cuestionaron la atención recibida y reclamaron una autopsia para determinar las causas del fallecimiento.
Días antes, el 9 de noviembre, había fallecido Luis Alberto Britos Rodríguez, de 35 años. Su hermana denunció que no recibió una llamada para informarle de lo ocurrido, pese a haber dejado números telefónicos de contacto. ASSE anunció posteriormente una investigación administrativa.
Son dos situaciones diferentes, pero ambas muestran la preocupación que existe entre familias que necesitan respuestas sobre lo ocurrido dentro del hospital.
Y ahora aparece este testimonio sobre presuntos acuerdos con funerarias.
¿Hay alguna relación entre las muertes recientes y las prácticas denunciadas? No existe ninguna prueba que permita afirmarlo. Tampoco hay elementos para sostener que alguien haya provocado deliberadamente un fallecimiento con fines económicos. Pero sí corresponde investigar si la información sobre pacientes fallecidos fue utilizada indebidamente para obtener dinero.
Uruguay ya atravesó una experiencia que debería servir de advertencia sobre la necesidad de investigar con responsabilidad.
En marzo de 2012, el país quedó conmocionado con el caso conocido públicamente como el de los «enfermeros asesinos», que involucró al Hospital Maciel, perteneciente a ASSE, y a la Asociación Española.
Dos enfermeros fueron acusados de provocar la muerte de pacientes. Las primeras informaciones generaron una enorme repercusión y durante meses se habló de supuestos homicidios cometidos dentro de centros de salud.
Sin embargo, la historia judicial terminó de una manera muy distinta.
En febrero de 2015, la Justicia absolvió a los acusados. En mayo de 2016, un Tribunal de Apelaciones confirmó esa decisión. Las pruebas reunidas no permitieron demostrar que hubieran cometido los homicidios atribuidos.
Aquel proceso dejó cuestionamientos sobre el tratamiento de las confesiones, las pericias médicas y las conclusiones iniciales de la investigación. También circularon sospechas sobre supuestas influencias de sectores vinculados a la masonería, pero no existe documentación judicial que permita establecer esa intervención como un hecho.
Es importante recordar todo el caso y no solamente sus titulares más impactantes. Hubo acusaciones gravísimas, personas privadas de libertad y finalmente absoluciones por falta de pruebas suficientes.
El antecedente no demuestra que exista una situación similar en Salto. Lo que demuestra es que las denuncias relacionadas con fallecimientos hospitalarios requieren investigaciones rigurosas, capaces de establecer responsabilidades reales sin perjudicar a personas inocentes.
En el Hospital de Salto, las preguntas sobre los presuntos vínculos económicos con funerarias siguen abiertas.
¿Existen procedimientos para controlar quién comunica los fallecimientos? ¿Hay registros de acceso a esa información? ¿Se investigaron alguna vez posibles pagos de empresas privadas a funcionarios? ¿Las familias reciben garantías de que pueden elegir libremente el servicio funerario que desean contratar?
Y una pregunta todavía más incómoda: si alguna de estas prácticas viene ocurriendo desde hace tantos años como asegura la fuente, ¿cómo podría haber pasado por distintas administraciones sin ser detectada?
No corresponde inventar respuestas. Corresponde exigir que las autoridades investiguen.
Porque el problema no sería solamente el dinero. Sería la posibilidad de que funcionarios utilizaran el dolor de las familias y la información reservada de los pacientes para realizar negocios particulares.
Uruguay al Día continuará examinando los antecedentes recibidos. La reserva de los nombres no representa una protección a eventuales responsables, sino una decisión de responsabilidad periodística mientras se buscan elementos que permitan corroborar los hechos.
La información que está en nuestro poder es suficientemente seria como para reclamar que se examine, pero todavía no permite afirmar que exista una red de corrupción comprobada.
La pregunta que queda planteada es sencilla: ¿se está haciendo negocio con la información sobre los fallecimientos en el Hospital Regional de Salto?
Si la respuesta es afirmativa, las autoridades tendrán que determinar quiénes participaron, desde cuándo y qué dinero recibieron.
Y si no existe semejante negocio, también corresponde esclarecerlo.
Lo que no puede ocurrir es que una denuncia de esta naturaleza termine olvidada mientras las familias siguen reclamando confianza, respeto y explicaciones.
Porque cuando una persona fallece, lo último que debería preocupar a sus familiares es que alguien pueda estar aprovechándose económicamente de su desgracia.
Salto necesita respuestas. Y esta vez las respuestas tienen que surgir de una investigación, no de más silencio.
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