La tranquilidad de la salud salteña se volvió a romper en pedazos tras conocerse una acusación que roza lo criminal: un médico borracho en Salto habría pretendido atender a una paciente que estaba al borde de un infarto en la puerta de emergencia del Sanatorio Salto. Lo que hace que este episodio sea todavía más indignante es el contrapunto de la memoria: en 2023, la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) actuó con mano firme y echó a la calle de forma inmediata a un médico por atender alcoholizado en Villa Constitución. Hoy, ante una situación calcada dentro del mutualismo privado, las autoridades miran para otro lado y apuestan al silencio.
Cuando la vida de un paciente pende de un hilo y cada segundo vale oro, encontrarse con un profesional en estado de ebriedad no es un simple descuido o un error de turno; es una ruleta rusa con la salud de la gente. La indignación popular no surge del capricho, sino de constatar cómo las instituciones aplican un doble rasero inaceptable según dónde ocurran los hechos.
Escándalo por un presunto médico borracho en Salto durante una emergencia
Según los datos y testimonios aportados a la redacción de Salto al Día, todo ocurrió durante una guardia reciente en el sanatorio del Centro Médico de Salto. En medio de la jornada se solicitó de urgencia la presencia de un médico para valorar a una mujer que ingresó con un fuerte dolor precordial y claros síntomas de estar atravesando un evento coronario agudo.
La sorpresa y el espanto de la propia paciente, junto al personal de salud que estaba en el lugar, fue mayúscula cuando el profesional asignado para asistirla —identificado en la denuncia como Yoel Rojas, de nacionalidad cubana— se presentó en el box de atención manifestando signos evidentes de intoxicación alcohólica.
La reacción del personal y la salida sin controles
Lejos de hacerse los distraídos, los funcionarios de enfermería actuaron con rapidez y le avisaron de inmediato a la nurse de turno, quien escaló el reporte a la supervisión y a la Dirección Médica del sanatorio. Ante la evidencia del estado en el que se encontraba el profesional, desde la jefatura se le ordenó que abandonara la guardia en el acto.
Inexplicablemente, y según los testimonios recolectados, aunque la institución llegó a gestionar una ambulancia para trasladarlo, el médico prefirió retirarse por sus propios medios, saliendo del lugar al volante de un vehículo particular. Versiones extraoficiales indican que la prueba de alcoholemia practicada con posterioridad arrojó un valor de 1,15 gramos de alcohol por litro de sangre, un guarismo completamente incompatible con cualquier tarea de responsabilidad humana.
Una paciente con dolor precordial dejada a la deriva
El punto de mayor gravedad en esta denuncia en la guardia estriba en que el profesional no estaba realizando trámites de oficina o tareas de rutina, sino que fue convocado para salvarle la vida a una persona con sospecha de infarto.
Minutos de oro perdidos ante la sospecha de un infarto
En la medicina de urgencia existe lo que se denomina «la hora dorada»: el tiempo crítico en el que una intervención rápida evita secuelas irreversibles o la muerte del paciente. Exponer a una persona en esa situación a las decisiones erradas de alguien sin sus facultades plenas es un acto de absoluta irresponsabilidad.
El derecho sagrado a recibir atención médica digna
Cualquier vecino de Salto que paga religiosamente su cuota social o acude a una urgencia tiene el derecho inalienable de dar por sentado que quien lo ausculta está sobrio, lúcido y capacitado. Mellar esa confianza básica es destruir la columna vertebral del sistema de salud.
En 2023 echaron a un médico por borracho: ¿por qué ahora no se hace nada?
Para entender el tamaño del mamarracho institucional que salpica al sector asistencial salteño hay que hacer memoria y revisar lo ocurrido en el año 2023. En aquel momento, la opinión pública del departamento se estremeció con lo sucedido en una policlínica pública de Villa Constitución. Un profesional que estaba de guardia atendió a un paciente de 2.500 personas en una fiesta que terminó sufriendo un paro cardiorrespiratorio y falleció horas después durante el traslado en ambulancia.
Aquel médico fue sometido a una prueba de sangre que arrojó 1,26 gramos de alcohol por litro. La respuesta de ASSE fue contundente, rápida y ejemplar: la directiva, la gerencia general y la presidencia del organismo actuaron de forma conjunta, le rescindieron el contrato en el acto y lo echaron por «notoria mala conducta», además de iniciar una investigación administrativa exhaustiva.
La tremenda diferencia de criterio entre el sector público y el privado
Aquel antecedente de 2023 marcó un precedente claro: un médico ebrio no puede pisar un sanatorio. Sin embargo, la vara parece cambiar drásticamente cuando los hechos salpican al sector privado. Mientras ASSE actuó sin dudar para proteger a la población, en el sanatorio privado se teje una red de silencios, tibiezas y reuniones de pasillo para ver cómo acomodar el cuerpo.
El antecedente judicial por ebriedad que la institución no vio o ignoró
Por si hiciera falta sumarle más leña al fuego, documentación judicial a la que accedió Salto al Día revela que el profesional denunciado en el Sanatorio Salto arrastra antecedentes formales. En 2022, el Juzgado de Paz Departamental de Salto de cuarto turno lo condenó como autor de una falta penal por conducir un vehículo motorizado en estado de embriaguez, imponiéndole diez días de trabajo comunitario.
¿Qué controles aplica la mutualista antes de contratar?
Frente a un antecedente penal documentado y admitido por el propio involucrado ante la Justicia, la pregunta cae por su propio peso: ¿el Centro Médico de Salto conocía esta condena por ebriedad al momento de contratarlo y ponerlo al frente de la guardia?
La desidia institucional como factor de riesgo
Si la institución conocía este antecedente y no fijó ningún protocolo de control previo a sus guardias, incurrió en una negligencia inexcusable. Y si no lo conocía, queda en evidencia una preocupante falla en la selección del personal que tiene la vida de miles de salteños en sus manos.
El silencio cómplice del Centro Médico de Salto
Ante la gravedad desbordante de la denuncia y los datos que fueron saliendo a la luz, este medio buscó de manera reiterada la versión de las autoridades del Centro Médico de Salto. Se intentó entablar contacto con Natalia Couture, del área técnica, y con el presidente de la institución, el doctor Saliburi. ¿La respuesta? Un silencio sepulcral.
Nadie da la cara, nadie emite un comunicado aclaratorio y nadie les explica a los socios qué fue lo que verdaderamente pasó en esa guardia de la vergüenza.
Preguntas urgentes que exigen una respuesta oficial
La masa social del sanatorio y la población en general no se conforman con el hermetismo corporativo. Hay interrogantes que las autoridades deben responder de inmediato:
¿Se le realizó el test de alcoholemia correspondiente al profesional apenas fue apartado de la guardia?
¿Cuál fue el resultado oficial de ese análisis de sangre o espirometría?
¿Se radicó la denuncia correspondiente ante el Ministerio de Salud Pública?
¿Qué protocolos preventivos van a aplicar de ahora en adelante para evitar que otro médico asuma de guardia bajo los efectos del alcohol?
Corporativismo y tibieza para lavar la imagen
El silencio institucional no hace más que alimentar las sospechas de encubrimiento. Pretender tapar con las manos un hecho de esta magnitud para proteger el «buen nombre» de la institución no solo es una jugada torpe, sino una falta de respeto mayúscula hacia los pacientes que depositan su salud y su vida en sus instalaciones.
Falta de controles en la salud a la vista de todos
Este caso saca los trapos al sol de un sistema de fiscalización interno flojo de papeles. No puede ser que el único filtro para detectar a un médico alcoholizado en plena guardia sea el olfato de una enfermera o el espanto de un paciente a punto de infartarse.
El rol de las autoridades sanitarias nacionales
El Ministerio de Salud Pública no puede quedarse de brazos cruzados ante este mamarracho. Es la autoridad sanitaria la que tiene que caer con todo el peso de la ley, hacer las inspecciones que corresponden y exigir las explicaciones que el Centro Médico pretende gambetear.
El Ministerio de Salud Pública tiene la palabra
Así como en 2023 ASSE actuó de oficio, echó al profesional de Villa Constitución y mandó los antecedentes a la investigación administrativa, hoy el MSP tiene la obligación de intervenir de manera directa en el Sanatorio Salto. La salud privada no es un feudo independiente donde la directiva de turno hace y deshace a su antojo.
Las reglas del juego son para todos: cuando se pone en riesgo la vida de la gente por irresponsabilidad o consumo de sustancias, no caben las medias tintas ni las tibiezas corporativas.
Exigencia de garantías reales para los usuarios
La población de Salto no pide imposibles ni persecuciones a ciegas; exige transparencia, controles serios y autoridades que pongan la cara. Si un profesional no está en condiciones de ejercer, se lo desafectará como se hizo en el sector público en 2023[cite: 1, 2]. Y si la institución falló en sus controles, tendrá que asumir las responsabilidades políticas y legales que le corresponden.
Salto necesita respuestas ya. Porque cuando se trata de un posible infarto, la diferencia entre la vida y la muerte no la puede decidir un médico ebrio ni una directiva que se esconde detrás del silencio.
Sigan investigando hasta has últimas consecuencias. Merecemos una explicación. Es una pena que hay médicos que el centro médico NO LES DA TRABAJO, y están con muy pocas horas casi nada , dan empleo a los "hijos de" y todo acomodo o por ideología político de los que hoy son jefes en la institución. Es todo acomodo no se fijan en lo profesional. Y hay que soportar la baja atención de algunos médicos.
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