La pasividad fiscal en Salto golpea la seguridad y destruye el turismo local

La paciencia de la ciudadanía en Salto colapsó por completo. En las últimas horas, un episodio de extrema violencia sacudió al transporte local cuando tres delincuentes —entre ellos extranjeros que alteraban el orden— insultaron a pasajeros comunes y atacaron ferozmente a un efectivo de la Guardia Republicana que viajaba de particular. La situación escaló hasta la vía pública, donde amenazaron al agente con botellas e intentaron despojarlo de su arma de reglamento, obligándolo a realizar disparos intimidatorios para salvar su vida y la de los presentes.

Pese a que el ataque quedó registrado en videos contundentes que circularon por todo el país, la respuesta judicial fue un verdadero insulto a la sociedad. La Fiscalía y los magistrados intervinientes resolvieron condenar a los agresores con penas de apenas cuatro y cinco meses de libertad a prueba. Sin un solo día de cárcel efectiva, los delincuentes salieron caminando por la puerta principal, mientras el policía que llegó su integridad física quedó expuesta y la comunidad sumida en la impotencia.

Este fallo no es un hecho aislado, sino la confirmación de un sistema colapsado por la pasividad de operadores judiciales que parecen actuar con total impunidad. Mientras los fiscales del departamento —como Augusto Martinicorena, Leal, Rodríguez Carrette y Tafernaberri— optan por el silencio, mantener un «perfil bajo» y eludir las explicaciones a la prensa, la delincuencia sigue ganando terreno en los barrios. La señal que se envía desde las fiscales es devastadora: agredir a la autoridad y sembrar el caos no tiene costo.

El impacto de esta laxitud judicial va mucho más allá de las estadísticas de seguridad. Salto, un departamento golpeado que cuenta con unas diez mil plazas turísticas y depende del flujo de visitantes, proyecta hoy hacia afuera una imagen de «Far West». La incoherencia es total: mientras las autoridades gastan recursos en promocionar las termas y los atractivos locales, las decisiones del propio sistema judicial destruyen el trabajo de comerciantes y trabajadores al mostrar una ciudad donde se combate a los tiros en los ómnibus.

Frente a la falta de respuestas, la indignación social crece, pero también se evidencia la falta de articulación entre los actores locales. Diversas instituciones y gremios realizan reclamos por separación ante el Ministerio del Interior, perdiendo la fuerza de la unidad que en su momento logró hitos históricos para el departamento, como la instalación del IMAE. Si las fuerzas vivas no se unen para exigir un freno a esta impunidad y la Fiscalía no asume su responsabilidad de proteger a los vecinos, la convivencia ciudadana en Salto seguirá desmoronándose.