La situación en el Hospital Regional de Salto se encuentra en el centro de la atención pública tras registrarse el fallecimiento de dos pacientes en menos de una semana bajo circunstancias que generan profundas dudas y reclamos de explicaciones institucionales. El caso, que ya motivó acciones parlamentarias formales, expone los baches en la atención de emergencia y abre interrogantes sobre los mecanismos de control y la respuesta del gobierno nacional.
El hecho más reciente involucra el deceso de Valeria Jaqueline Rodríguez Machado, ocurrido el pasado 9 de octubre. Según los antecedentes consignados en un pedido de informes parlamentario, la paciente había ingresado a la emergencia del nosocomio el día anterior, fue trasladada en solitario durante la madrugada y su fallecimiento quedó registrado a las 14:00 horas. La secuencia de atención, los controles realizados y la aplicación de los protocolos sanitarios continúan bajo un manto de interrogantes que demandan esclarecimiento.
Un antecedente inmediato y la falta de respuestas
Este episodio se suma a otro de extrema gravedad ocurrido apenas dos días antes, el 7 de octubre, cuando un hombre de 64 años falleció tras descompensarse mientras aguardaba atención en la misma sala de emergencia. Si bien el paciente había superado la clasificación inicial de triage sin que supuestamente se detectara un cuadro de gravedad inmediata, su estado empeoró minutos después, derivando en un desenlace fatal pese a la asistencia de urgencia recibida de manera tardía.
Las dos muertes en un lapso reducido encendieron las alarmas sobre el funcionamiento operativo del centro asistencial que dirige Gabriela González. Si bien la dirección institucional no interviene directamente en cada decisión médica particular, las críticas apuntan a la supervisión general de los servicios, el cumplimiento estricto de los protocolos y la transparencia en la respuesta a las familias afectadas.
La reacción oficial y el desconcierto presidencial
La polémica escaló hasta el Poder Ejecutivo cuando el presidente Yamandú Orsi fue consultado sobre el caso del paciente de 64 años durante una visita a la localidad de San Antonio. La respuesta del mandatario —quien reconoció públicamente que no tenía conocimiento del episodio y señaló que «en el país pasan cosas»— generó estupor e inquietud en el ámbito político y social, evidenciando posibles fallas en los canales internos de comunicación gubernamental y la falta de información oportuna por parte de las carteras competentes, encabezadas por la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg.
Ante la falta de respuestas formales por parte de las autoridades sanitarias, el diputado nacional por Salto Horacio de Brun decidió utilizar los mecanismos institucionales e impulsó un pedido de informes dirigido al Ministerio de Salud Pública (MSP) y a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).
El pedido de informes y la exigencia de auditoría independiente
El documento presentado por De Brun consta de 11 puntos específicos en los que se solicita una revisión exhaustiva de la atención brindada desde el ingreso de los pacientes hasta su deceso. Entre los requerimientos centrales figuran la verificación de procedimientos, los controles de traslado interno, la realización de auditorías clínicas independientes y la determinación de si se dispusieron investigaciones administrativas formales.
Asimismo, el legislador subraya la necesidad de que la revisión quede en manos de profesionales ajenos al propio Hospital de Salto, con el fin de garantizar absoluta independencia, transparencia y tranquilidad pública. Las familias afectadas y la ciudadanía exigen que las instituciones demuestren disposición a rendir cuentas sin escudarse en tecnicismos corporativos.
Reflexión institucional y urgencia de controles
La acumulación de cuestionamientos sin esclarecer pone sobre la mesa el desgaste en la confianza pública hacia los servicios esenciales del Estado. La exigencia de responsabilidades políticas y administrativas apunta a evitar que la desidia institucional erosione el tejido social. La rendición de cuentas en tiempo y forma se consolida así como un requisito ineludible para garantizar que la salud pública en el interior del país responda con la dignidad y el resguardo que cada ciudadano merece.
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