“El blanco no es para el pobre”: un trabajador denuncia abandono y un diezmo político

La dramática denuncia de un trabajador tras un grave accidente

El testimonio de José Carvalho, exfuncionario municipal del departamento de Salto, sacudió la escena política local al formular graves denuncias sobre las condiciones de su trabajo y presuntas irregularidades en la gestión de contrataciones públicas. En una entrevista exclusiva brindada al canal de YouTube del periodista Gonzalo Sualina y difundida por Salto al Día y Uruguay al Día, el operario relató la traumática experiencia vivida tras recibir una descarga eléctrica de alta tensión mientras juntaba residuos en la vía pública.

El hecho ocurrió el pasado 18 de julio, en el transcurso de una jornada marcada por un severo temporal con lluvias e intensas ráfagas de viento. Según el relato de Carvalho, el equipo de recolección fue obligado a salir a cumplir funciones a pesar de las advertencias previas sobre los riesgos que entrañaba la tormenta. Carvalho sostuvo que desde la supervisión del sector les advirtieron explícitamente que, en caso de negarse a salir a la calle, los funcionarios presupuestados enfrentarían sanciones administrativas y a quienes estaban bajo la modalidad de fundación se les terminaría el contrato laboral.

En ese momento, Carvalho contaba con pocas horas de haber firmado su vínculo formal a través de la Fundación Casa Abierta, luego de permanecer varios días prestando servicios para la comuna sin una resolución clara sobre su estatus administrativo. Ante el temor inminente de perder la fuente laboral que le permitía sostener a su familia, acató la orden de salir a realizar las tareas operativas bajo la lluvia.

Lesiones de gravedad y cuestionamientos a la indumentaria

El accidente se desencadenó mientras el camión recolector avanzaba a baja velocidad por una zona afectada por el temporal. Un cable que se encontraba caído o a baja altura producto de las inclemencias del tiempo enganchó la maquinaria posterior del vehículo. Carvalho, que se encontraba ubicado en el estribo trasero del camión, recibió una descarga eléctrica que ingresó por su mano derecha y salió por su pie, arrojándolo a varios metros de distancia sobre la canaleta de la calle.

Producto de la electrificación, el trabajador perdió el conocimiento de manera instantánea y debió ser asistido por sus compañeros de turno hasta la llegada de una unidad médica de emergencia. Tras permanecer internado en observación en el Sanatorio Uruguay de la ciudad de Salto, las secuelas médicas se manifestaron en la pérdida de movilidad de su brazo derecho y en lesiones en sus extremidades inferiores.

Uno de los aspectos señalados por el damnificado apunta a los elementos de protección personal recibidos. Carvalho explicó que se le prohibió utilizar el uniforme refractario de la Intendencia de Salto, siendo obligado a usar la indumentaria verde suministrada por la fundación. Dicha prenda, al impregnarse de agua por la lluvia torrencial, se tornó completamente oscura y carecía de bandas reflectivas, dificultando la visibilidad y el trabajo seguro de los operarios en condiciones nocturnas o de tormenta. Como consecuencia de los daños neurológicos y físicos sufridos, debe trasladarse hasta cuatro veces por semana a la ciudad de Montevideo para realizar un tratamiento especializado en el Hospital del Banco de Seguros del Estado (BSE).

“El blanco no es para el pobre”: la acusación de diezmo político y abandono

Más allá de las circunstancias del siniestro operativo, las declaraciones de Carvalho cobraron especial trascendencia institucional al denunciar la supuesta exigencia de aportes económicos obligatorios para conservar su empleo. El exfuncionario afirmó que debía entregar el 10% de su salario mensual a una persona a quien identificó como “Mariano”, señalándolo como secretario de un referente político del sector por el cual había colaborado durante la campaña electoral.

Sintetizando la amargura por la falta de respaldo tras quedar secuelado, el trabajador expresó categóricamente su desengaño político con la frase: “El blanco no me dio nada, el blanco no es para el pobre”. El denunciante sostuvo que conserva registros en su teléfono celular que darían cuenta de estas solicitudes de dinero, asegurando además que no se trataba de una situación aislada, sino de un pedido formulado a otros trabajadores que ingresaron mediante acuerdos políticos o contratos vinculados a la fundación. Carvalho señaló directamente al sector político encabezado por Carlos Albisu, manifestando su profunda decepción tras haber militado en los barrios y sentir que, tras el accidente que comprometió su salud, fue completamente abandonado por los dirigentes a los que apoyó.

Asimismo, Carvalho relató que intentó mantener una reunión con las máximas autoridades comunales en la Casa de Gobierno departamental. Según su testimonio, fue recibido por un secretario de la intendencia, quien le habría sugerido interponer denuncias penales individuales contra encargados del sector como Fabricio Castillo y Omar Estévez. El trabajador rechazó esa propuesta argumentando que las designaciones de los jerarcas correspondían a las propias autoridades del gobierno comunal y no a los empleados de menor jerarquía.

Impacto institucional y precarización en el empleo público

Las denuncias formuladas en Salto exponen una problemática recurrente en diversas administraciones locales de la región, relacionada con la precarización de las relaciones laborales a través de fundaciones o pasantías para la provisión de servicios básicos esenciales como la recolección de residuos. La utilización de esquemas de contratación indirecta suele generar vacíos en la cobertura de salud, diferencias salariales considerables entre trabajadores que realizan la misma función y dificultades en la asignación de responsabilidades ante accidentes laborales de magnitud.

Por otra parte, la acusación sobre el cobro de aportes o “diezmos” sobre salarios de trabajadores contratados por el Estado roza figuras delictivas de corrupción pública y abuso de funciones. En el ámbito político uruguayo, este tipo de aseveraciones requiere de un exhaustivo control administrativo y de la eventual intervención de las fiscalías correspondientes para determinar la veracidad de las pruebas y deslindar responsabilidades institucionales.

Próximos pasos y situación del reclamo

Actualmente, el caso se encuentra bajo la asistencia letrada de una abogada particular asignada a la representación de José Carvalho, quien analiza las acciones legales a interponer tanto en la órbita civil como administrativa o penal. Mientras avanza el proceso de recuperación médica en Montevideo, el exfuncionario exige una respuesta clara por parte de las autoridades de la Intendencia de Salto y de los dirigentes señalados.

Hasta el momento de la difusión del informe, ni las autoridades del ejecutivo departamental ni los referentes políticos aludidos en la entrevista han emitido descargos oficiales sobre los hechos denunciados o sobre la situación laboral del trabajador accidentado.