La muerte de Rosa Nahir Sisti Levaggi, de 73 años, en el Hospital Regional de Salto terminó con una denuncia ante Fiscalía y una intervención del abogado Pablo Perna, después de que la familia permaneciera casi dos días sin poder sepultarla por falta del certificado de defunción. En una entrevista con Uruguay al Día, el profesional confirmó que la autopsia finalmente se realizó tras las gestiones iniciadas el lunes 16 de noviembre.
La mujer falleció el sábado 14 de noviembre por la noche. Su cuerpo fue entregado a una empresa funeraria, pero los familiares no recibieron el certificado necesario para proceder con el sepelio. El lunes, alrededor de las 13 horas, continuaba en las instalaciones de la funeraria mientras sus allegados esperaban una solución.
Perna explicó que fue contratado por la familia el lunes por la mañana. Ante la situación, presentó una denuncia penal en Fiscalía y, simultáneamente, una petición ante la Administración de los Servicios de Salud del Estado para solicitar una autopsia que permitiera esclarecer la causa del fallecimiento.
Las gestiones tuvieron resultado. Según confirmó el abogado durante la entrevista, la autopsia fue realizada y se consiguió destrabar la situación que impedía avanzar con los trámites funerarios.
El profesional cuestionó especialmente la demora. Señaló que una persona había fallecido el sábado por la noche y que, llegado el lunes, sus familiares continuaban sin explicaciones oficiales sobre las razones por las cuales no se había expedido el certificado.
Respecto a la actuación médica, Perna aclaró que no habló personalmente con ningún profesional que le manifestara una negativa expresa a firmar el documento. La información que recibió procedía de los familiares, quienes habían mantenido conversaciones con representantes de ASSE y personal del hospital.
De acuerdo con esas explicaciones, la paciente habría sufrido una reacción alérgica que derivó en un shock después de recibir medicación. Perna indicó que la muerte se produjo después del suministro de un inyectable, aunque la familia todavía necesitaba conocer mediante estudios la causa precisa del fallecimiento.
El abogado sostuvo que existen circunstancias en las que un médico puede excusarse de emitir un certificado de defunción, particularmente cuando no conoce suficientemente la evolución del paciente o tiene dudas sobre la causa de muerte. Sin embargo, manifestó que la familia no recibió una explicación formal y clara sobre la demora ocurrida en este caso.
Otro punto pendiente es la historia clínica. Perna confirmó que todavía no había accedido a la documentación completa de la paciente y que ese material fue solicitado para reconstruir su atención y establecer las circunstancias del fallecimiento.
Consultado sobre eventuales responsabilidades de la directora del Hospital Regional, Gabriela González, el abogado evitó atribuir conductas específicas sin conocer la historia clínica. También confirmó que jerarcas de ASSE habían mantenido contacto con la familia, aunque seguía pendiente una respuesta formal sobre lo sucedido.
Perna fue especialmente crítico con el trato recibido por los familiares. Recordó experiencias con anteriores direcciones del hospital y señaló diferencias en el relacionamiento institucional, especialmente en la comunicación con las familias y los medios de prensa.
Según expresó, en este episodio faltaron explicaciones y un acercamiento adecuado hacia las personas afectadas. El abogado consideró que pudo existir una falla de comunicación y esperaba que las autoridades aclararan formalmente la situación en un plazo de 24 a 48 horas.
La entrevista también abordó los recientes fallecimientos cuestionados en el Hospital Regional de Salto. Perna, quien aseguró haber participado anteriormente en casos de responsabilidad médica, manifestó que no recordaba una sucesión semejante de episodios que generaran tantos reclamos públicos. Calificó la situación como llamativa.
Sobre la continuidad de las acciones judiciales, explicó que su intervención inicial tenía un objetivo concreto: conseguir una autopsia para establecer la causa de muerte y permitir que la familia pudiera despedir a la mujer. Ese objetivo se cumplió.
Cualquier decisión posterior dependerá de los resultados médicos y de la documentación que se incorpore. La familia espera conocer el informe de la autopsia, acceder a la historia clínica completa y recibir una explicación formal sobre la demora en la emisión del certificado de defunción.






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