La megacausa por la desaparición del pequeño Loan Danilo Peña tuvo una jornada dramática en los tribunales con la declaración de Laudelina Peña. La tía del niño, imputada por el delito de sustracción y ocultamiento, se quebró ante el Tribunal y admitió haber mentido en las etapas previas del proceso. En un testimonio volcado entre llantos que se extendió durante más de tres horas, la acusada intentó despegarse de la hipótesis del accidente de tránsito y del presunto plantado del botín del menor, alegando haber sido objeto de presiones e instrucciones perversas para desviar el curso real de la investigación.
El desarrollo de la audiencia dejó al descubierto el entramado de irregularidades que caracterizó los primeros momentos de la búsqueda en el paraje Algarrobal, provincia de Corrientes. Laudelina responsabilizó directamente a su anterior letrado patrocinante, José Fernández Codazzi —hoy privado de libertad por otra causa judicial—, de haber armado de forma deliberada el libreto sobre el atropellamiento del niño por parte de la camioneta. Según la imputada, el abogado la trasladó de madrugada a la sede fiscal correntina bajo un fuerte despliegue de custodia para obligarla a ratificar una mentira planeada de punta a punta.
El caso evoca los episodios más oscuros de impunidad e inoperancia policial en la región, remitiendo a antecedentes trágicos donde la connivencia entre efectivos de la fuerza y redes locales terminan por entorpecer de forma irreversible las primeras horas críticas de búsqueda de un menor. La actuación del excomisario Walter Maciel, también imputado en el expediente, quedó severamente cuestionada. Laudelina detalló conductas desatinadas e insólitas del jefe policial durante los rastrillajes, así como la falsa alarma radiada de madrugada que anunció el hallazgo del niño con vida en una tapera, una pista infundada que interrumpió el operativo en un momento crucial.
La repercusión de esta causa trasciende ampliamente las fronteras de la provincia de Corrientes, convirtiéndose en un termómetro del deterioro de las garantías de protección de la infancia en la región y despertando un monitoreo atento desde países vecinos como Uruguay. La vulnerabilidad de las zonas rurales transfronterizas frente a posibles redes de trata o encubrimiento institucional vuelve a poner sobre la mesa la fragilidad de las respuestas de la justicia penal y la urgencia de fortalecer los protocolos de respuesta rápida ante la desaparición de niñas y niños.
Durante su alocución final, Peña sostuvo de manera contundente: «Pido perdón, pido disculpas por las mentiras. En realidad no fue intención mía, fue del doctor Codazzi». Al mismo tiempo, deslizó sospechas directas sobre la responsabilidad de otros involucrados presentes en la zona del naranjal: «Ellos deberían saber o escuchar algo», afirmó al señalar a Mónica Millapi, Daniel «Fierrito» Ramírez y a su propio esposo, Antonio Benítez, argumentando que eran las únicas personas situadas en la trayectoria que siguió el menor antes de perderse su rastro.
La declaración de Laudelina añade una carga de alta tensión emocional al banquillo de los acusados y obliga al Tribunal a reevaluar la cadena de complicidades en la causa. Mientras la familia exige conocer el destino final del niño, la reconstrucción de los hechos demuestra cómo la mentira organizada, la negligencia policial y las componendas legales intentaron sepultar la verdad. El juicio entra ahora en una etapa decisiva donde la confrontación de testimonios y pericias determinará si la Justicia logra perforar la maraña de impunidad tejida alrededor de Loan.
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