La tensión entre el movimiento sindical y las administraciones departamentales volvió a escalar en el litoral del país. El sindicato de los municipales de Salto, Adeoms, se declaró en estado de alerta tras denunciar que la Intendencia departamental transita un camino orientado a la privatización del servicio de recolección de residuos y la gestión vinculada al vertedero local. En una conferencia de prensa en la que estuvo presente el medio local CAMBIO, el dirigente gremial Adrián Curbelo expuso la postura institucional de los trabajadores y exigió al gobierno departamental una instancia formal de diálogo, además de información técnica detallada sobre los costos que implicaría tercerizar una tarea esencial para la ciudad.
El gremio reconoció abiertamente que el sector atraviesa dificultades operativas notorias, pero retrucó que la solución no pasa por entregar el servicio a manos privadas, sino por inyectar inversión pública genuina en maquinaria, camiones y equipamiento vial. Según la perspectiva sindical, el sistema de recolección ha funcionado históricamente bajo la órbita municipal y sus carencias actuales responden exclusivamente a la falta de recursos asignados. En esa línea, Curbelo sostuvo que con una renovación adecuada de la flota y un refuerzo presupuestal, el costo operativo sería sustancialmente menor que el pago a una empresa tercerizada, estimando que con aproximadamente siete camiones recolectores en funcionamiento la ciudad cubriría de forma óptima las necesidades derivadas de su crecimiento demográfico.
La incertidumbre sobre el futuro de los trabajadores
Más allá de la discusión técnica y económica sobre la paramétrica del servicio, el núcleo de la preocupación sindical recae sobre el destino laboral de los funcionarios. Curbelo advirtió que son alrededor de sesenta los trabajadores municipales que desempeñan tareas directas e indirectas vinculadas al sector de recolección, una estructura compleja que no se agota en quienes suben a los camiones en las calles, sino que abarca también a mecánicos, personal administrativo, barrenderos y operarios de apoyo indispensables para el engranaje cotidiano. Ante el avance de los planes privatizadores, el sindicato exige precisiones jurídicas y presupuestales sobre el rol que ocupará cada uno de esos funcionarios en el nuevo esquema que proyecta la comuna.
La gremial ratificó que mantendrá una postura firme en defensa de la gestión pública y de los puestos de trabajo, cuestionando duramente la falta de canales de comunicación suficientes por parte del Ejecutivo departamental para discutir alternativas de gestión antes de tomar determinaciones de alto impacto social. Mientras las tratativas continúan en un escenario de creciente rispidez política, el conflicto en Salto plantea un debate estructural sobre la eficiencia de los servicios públicos, el rol de los municipios en la tercerización de tareas y la estabilidad laboral de los funcionarios municipales frente a los recortes presupuestales y las reformas administrativas en el interior del país.
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